Colombia impone la era de la interoperabilidad con el Decreto 1069
El país da un salto histórico en pagos inmediatos al consolidar la adopción de Bre-B y establecer estándares obligatorios de inmediatez, disponibilidad y gobernanza.
El contexto: de acuerdos bilaterales a interoperabilidad regulada
Durante años, la interoperabilidad en Colombia dependió de acuerdos bilaterales o de iniciativas privadas, como Transfiya. Aunque demostraron la viabilidad de los pagos inmediatos, carecían de alcance nacional y obligatoriedad.
El Decreto 1069 de 2025, emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cambia ese panorama. La norma modifica el Decreto 2555 de 2010 e introduce un marco regulatorio que obliga a las principales entidades financieras a conectarse al Sistema de Pagos de Bajo Valor Inmediato (Bre-B), operado por el Banco de la República.
Colombia pasa así de una interoperabilidad voluntaria a una inmediatez regulada, consolidando un ecosistema donde los actores financieros deben hablar el mismo lenguaje operativo.
Claves del Decreto 1069 de 2025
1. La Obligación de la Inmediatez: La Puerta de Entrada a Bre-B
Todas las entidades emisoras y receptoras vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) con más de 1,5 millones de cuentas activas deberán ofrecer transferencias inmediatas inter-entidad a través de un sistema de pagos de bajo valor.
Definición clave de cuenta activa:
Se consideran productos de depósito a la vista activos las cuentas de ahorro, depósitos de bajo monto, inclusivos y ordinarios con al menos una operación monetaria en los últimos seis (6) meses, sin incluir abonos de intereses ni cargos por comisiones.
Esta definición técnica es el criterio para determinar qué entidades están obligadas a integrarse a Bre-B.
2. Estándares de disponibilidad tecnológica
El decreto establece niveles mínimos de disponibilidad mensual en canales digitales, asegurando continuidad en los servicios financieros.
Con este esquema, Colombia eleva el estándar operativo de su ecosistema de pagos, garantizando alta disponibilidad y reduciendo brechas entre grandes y pequeños emisores.
3. Bre-B como nuevo estándar operativo
Las entidades con funcionalidades bajo el Sello Bre-B deberán habilitar transferencias inmediatas intra-entidad, con resolución de errores sin intermediarios.
Fuera del entorno Bre-B, se exige:
Procedimientos de devolución voluntaria o por fraude.
Reversión de pagos según la Ley 1480 (Estatuto del Consumidor).
Confirmación del beneficiario antes de enviar fondos.
Esto asegura interoperabilidad, protección al usuario y consistencia regulatoria.
4. Consejo Nacional de Pagos: gobernanza con visión internacional
El Consejo Nacional de Pagos (CNP), creado por el decreto, es una instancia consultiva y no vinculante que funcionará como foro entre el sector público y privado.
Lo integran el Banco de la República, la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de la Economía Solidaria y la URF, junto a operadores, franquicias, adquirentes e iniciadores de pago.
Su creación responde a una recomendación del FMI y el Banco Mundial, que sugirieron a Colombia fortalecer la gobernanza y prevenir la concentración de mercado.
El CNP impulsará estándares de innovación, interoperabilidad e inclusión, consolidando un esquema de gobernanza alineado con las mejores prácticas globales.
5. Transparencia en esquemas alternos
Las entidades que procesen órdenes de pago fuera del Sistema de Pago de Bajo Valor (SPBV) deberán reportar a la SFC sus contrapartes, esquemas operativos y volúmenes.
Esta obligación refuerza la trazabilidad y supervisión del sistema, integrando también las transferencias bilaterales bajo un marco regulado.
6. Adquirencia: inclusión formal de nuevos actores PayTech
El decreto también redefine el papel de la adquirencia.
Las sociedades anónimas no vigiladas por la SFC podrán operar como adquirentes —es decir, conectar comercios y procesar pagos— siempre que mantengan los fondos en entidades vigiladas, como bancos o SEDPEs.
Este cambio formaliza la participación de PayTechs en el ecosistema colombiano, ofreciendo mayor competencia e innovación, pero con respaldo regulado y control de riesgos.
Implementación gradual
El cumplimiento será progresivo:
6 meses para integrarse al SPBV (entidades con más de 1,5 millones de cuentas activas).
6 a 18 meses para mecanismos Bre-B y devoluciones.
Hasta 36 meses para alcanzar los niveles de disponibilidad tecnológica.
La SFC publicará semestralmente el listado de entidades obligadas y guías técnicas en un plazo máximo de 18 meses.
Impacto y proyección regional
Con el Decreto 1069, Colombia avanza hacia una infraestructura interoperable, alineada con los sistemas de pagos instantáneos que lideran el desarrollo regional, como Pix (Brasil).
Este decreto no solo moderniza el sistema financiero, sino que establece las bases para una integración regional en tiempo real, fortaleciendo la confianza, la inclusión y la competitividad digital.
Desde Inside PayTech, se interpreta como un mensaje claro:
La interoperabilidad ya no es una opción, sino una obligación estructural para el crecimiento del ecosistema financiero colombiano.
Fuente: Decreto 1069 de 2025 – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, República de Colombia
